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Soborno transnacional y responsabilidad de personas jurídicas

El CESA, como escuela de negocios líder en el país, no solo se ocupa de la formación de empresarios, gerentes y ejecutivos para que cuenten con las capacidades y herramientas necesarias para realizar una gestión que genere riqueza y bienestar hacia todos los "stake-holders", pero también es consciente de la importancia que reviste el actuar ético en el mundo de los negocios. La ética en el ejercicio de la profesión es un pilar fundamental, por eso trabajamos para que nuestros estudiantes y egresados se desempeñen de manera sobresaliente en el ámbito empresarial, pero siempre en el marco de los principios éticos y morales que nuestro país demanda y requiere.

Es por esto que el CESA respondió al llamado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y convocó a su aliado estratégico, el Grupo Banco Mundial a través de la IFC, para discutir sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en las prácticas de soborno de parte del sector privado hacia el sector público. Este es un tema relevante, más aún en países donde la corrupción del sector público se impone debido a debilidades en las normas y en el marco institucional en general. Colombia no es ajena a esta realidad.

En la última medición del Índice de Percepción de la Corrupción llevada a cabo por la Organización para la Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 94 entre 174 países. Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan los países con menor nivel de percepción de corrupción por parte de sus funcionarios públicos, con puntajes de 92 y 91 sobre 100 respectivamente. Chile obtuvo 73 puntos y se ubicó en el puesto 21, al igual que Uruguay, y luego aparecen Costa Rica, Cuba, Brasil, y Perú en mejores posiciones comparados con Colombia, que alcanzó tan solo 37 puntos.

Nuestro país viene trabajando en el fortalecimiento de sus instituciones, y hemos experimentado cambios dramáticos en las últimas décadas. El fortalecimiento de la seguridad, la restauración de la confianza por parte de los inversionistas, políticas de apertura económica e inserción en el comercio internacional, junto con una lucha por reducir la corrupción y los comportamientos ilegales en lo público y lo privado, han permitido mejorar el marco institucional y hacer más claras las reglas de juego para nacionales y extranjeros en Colombia. Sin embargo, aún tenemos un camino importante por recorrer que implica grandes desafíos y esfuerzos.

Parte de estos esfuerzos se ven reflejados en el empeño de nuestro país de ingresar a la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-, la cual ha dejado de ser señalada como el club de países ricos, para ser reconocida como el escenario en donde convergen países que consideran las buenas prácticas o el buen gobierno como herramienta fundamental para el desarrollo económico. Lo anterior ha implicado unos compromisos importantes en diferentes frentes que son fundamentales para la OCDE y cuya adopción mejorará el marco institucional de nuestro país.

Dentro del trabajo que viene desarrollando Colombia con la OCDE está la adhesión a la Convención Anticohecho. De acuerdo con la OCDE, el cohecho o soborno de servidores públicos para obtener ventajas en transacciones comerciales internacionales conlleva grandes consideraciones morales y políticas, socavando la gobernabilidad y el desarrollo económico sostenible y distorsionando la competencia. La corrupción en la adjudicación de contratos tiene costos sociales, políticos, ambientales y económicos, que ningún país puede ignorar, y es lo que Colombia pretende al hacer parte de esta Convención, pues los países que se unen a esta acuerdan establecer como delito el cohecho de un servidor público extranjero en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar el cohecho internacional.

De acuerdo con la OCDE, La Convención Anticohecho es el primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado "oferente" de la corrupción, es decir, la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva. Este enfoque ha permitido a la OCDE convertirse en la autoridad más destacada del mundo contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales. El trabajo de esta convención está en intervenir los marcos legales y fortalecer el castigo a estos comportamientos antiéticos.

Sin embargo, no se puede dejar toda la responsabilidad a las normas legales y su aplicabilidad. Las empresas pueden trabajar en implementar políticas de buen gobierno que permitan evitar o mitigar el riesgo de que sus altos ejecutivos se involucren en este tipo de actividades o adopten estos comportamientos alejados de la ética y la moral.

Por lo anterior, en el marco del convenio que tiene el CESA con el Banco Mundial para difundir e incentivar la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y, en conjunto con la Secretaría de transparencia de la presidencia de la República, el 13 de agosto se llevó a cabo el Foro: “Soborno transnacional y responsabilidad de personas jurídicas” donde se dieron cita expertos jurídicos como Camilo Alberto Enciso, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Alice Berggrun Comma, Asesora del Secretario de Transparencia, Paula Cadavid, Académica Miembro de la mesa de trabajo para el proyecto de Ley 159 de 2014 de la Corporación Excelencia en la Justicia y Francisco Prada, Oficial de Gobierno Corporativo para Colombia en el Banco mundial, quienes discutieron sobre los retos que tiene Colombia en la implementación de los instrumentos jurídicos brindados por la OCDE para la lucha contra la corrupción internacional.

El evento logró generar inquietudes en los participantes y resaltar los esfuerzos que se hacen desde lo público y que pueden ser complementados con las buenas prácticas a nivel empresarial.