Sobre reglas del juego y malas ideas, una reflexión sobre el país que queremos

Por: Juan Santiago Correa R, profesor investigador del CESA.


En el actual debate por la presidencia de los Estados Unidos el senador Marco Rubio lanzó una propuesta que fue calificada al unísono como una idea espectacularmente terrible, cuando menos, por la prensa de este país. Su propuesta es la de arreglar “lo que está mal en Washington” mediante una convención constitucional que imponga límites al poder legislativo, que defina los términos de congresistas y de miembros del poder judicial, así como una serie de cambios que permitan un presupuesto balanceado y un marco más conservador frente al sistema de salud, terrorismo, entre otros temas.

Lo terrible de esta idea para la opinión pública de este país fue la de sugerir un cambio en la Constitución de 1787 mediante una convención que no se ha formado desde la de Filadelfia. En los Estados Unidos los mecanismos para enmendar la Constitución están definidos desde aquella época, y requieren que dos tercios de las dos cámaras del Congreso la aprueben, con una ratificación de dos tercios de los estados de la Unión. En ninguno caso el presidente tiene que ver con el proceso, lo cual fue definido para garantizar un esquema de pesos y contrapesos que garantice el estado de derecho. Los Estados Unidos han aprobado las 27 enmiendas a su Constitución a través del sistema estándar, sin convocar a una Convención desde la primera.

No obstante, si Rubio hubiera hecho esta propuesta en el marco de una contienda electoral en Colombia, probablemente estaríamos discutiéndola y pensando en las múltiples posibilidades que una nueva Constitución brindaría. Desde el inicio de nuestra vida republicana la definición constitucional fue una tarea difícil; durante la Independencia varios estados y provincias promulgaron sus propias constituciones, que serían seguidas por la de 1821; la de 1830 que tendría una vida efímera al separarse Venezuela y Ecuador unos meses más tarde; la del Estado de la Nueva Granada en 1832; la de 1843 firmada tras la guerra civil; la de 1853 que da inicio al modelo federal que se fortalece con la de 1863 y la creación de los Estados Unidos de Colombia, la cual muere en 1886 tras otra guerra civil, y da inicio a un régimen centralista y presidencialista.

Esta última fue la de mayor vida, pero fue reformada en 1905, 1910, 1936, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1884. Finalmente fue derogada por la Constitución actual de 1991 convocada a través del mecanismo informal de la séptima papeleta, mediante el cual se logró una expresión del Constituyente Primario para dar vía a una Asamblea Constitucional que permitiera cambiar las reglas del juego y conseguir una mayor inclusión política en medio de la desmovilización de los grupos guerrilleros M 19, EPL y Quintín Lame.

Sin duda la Constitución del 91 introdujo temas fundamentales en derechos fundamentales y en mecanismos de participación, pero en sus 25 años de vida ha tenido 32 reformas que pasaron el filtro de constitucionalidad. Esto nos da un promedio de una reforma cada 9 meses.

Recientemente se ha propuesto, en el marco del proceso de negociación en La Habana diversos mecanismos que buscan un tránsito fácil y expedito a las reformas y ratificación de los acuerdos que allí se firmen, las cuales van desde un referendo hasta una asamblea constituyente, pasando por múltiples ideas alrededor y, como en ocasiones anteriores, si un artículo de la Constitución o una ley dificultan un asunto de interés, se cambian para que todo se pueda hacer, como bajar el umbral para la aprobación del plebiscito de una mayoría absoluta del censo electoral al 13% del mismo.

Más allá de las bondades o peligros de esto, el mensaje en su conjunto es el de volatilidad del ordenamiento jurídico, en el cual, el diseño de normas formales que guíen a la sociedad dura hasta el próximo problema o la siguiente coyuntura. Esto en términos de Douglas C. North, genera un sistema de incentivos perversos que hacen que las reglas del juego no cumplan su función fundamental de reducir la incertidumbre, aumentando los costos de transacción y cuestionando los derechos de propiedad.

Lo interesante de esto, es que esto no es un proceso que va necesariamente de arriba hacia abajo. Permea todo el tejido social y determina la manera en cómo una sociedad premia o castiga cierto tipo de comportamientos que abarcan todas las esferas de la vida en comunidad. Nos dice cómo reaccionamos ante situaciones cotidianas, retos personales o desafíos morales. Cómo respondemos ante una oportunidad de fraude o trampa, como nos relacionamos con los amigos, con las parejas.

Es cada vez más frecuente, y más doloroso, encontrar casos de fraude en el mundo universitario y, tal vez lo hace más doloroso las razones que se esgrimen para ello, es rara la vez que se asume la responsabilidad del hecho reprochable y cada vez es más frecuente ver solicitudes de excepción a las reglas, de buscar mecanismos para brincarnos el ordenamiento, o para buscar evadir las consecuencias que de esto se deriven. Es cada vez más frecuente encontrar peticiones e iniciativas para cambiar las reglas del juego en clase y buscar beneficios mediante la vulneración del ordenamiento establecido previamente. Si esto es un reflejo de lo que es el país, debe ser nuestra tarea, como profesores y estudiantes, hacer de nuestro entorno académico un reflejo de lo que queremos que sea el país.

Juan Santiago Correa R

Economista y Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Política de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es Secretario General del CESA -Colegio de Estudios Superiores de Administración- además de ser profesor en el pregrado, MBA Internacional y en la Maestría en Finanzas Corporativas.