Retos en la prevención y Control del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por: Juan Pablo Rodríguez y René M Castro. Conferencistas Formación Ejecutiva del CESA.


La importancia de efectuar una auditoría de cumplimiento

La Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 2015, que obliga a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que a 31 de diciembre de 2015 registraron ingresos iguales o superiores a 160.000 (SMMLV) salarios mínimos mensuales legales vigentes, ($103.096.000.000,00) para que diseñen e implementen el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). Para las nuevas compañías que cumplan con este nivel de ingresos a 31 de diciembre de 2015, la adopción es obligatoria y deberá implementarse a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

La Superintendencia también estableció una sanción (numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995) de hasta 200 SMMLV (doscientos salarios mínimos legales mensuales) o sea $137.891.000,00 (con la nueva cifra del salario mínimo para 2016 de $689.455,00) por el incumplimiento de lo establecido en esa Circular.

Sin embargo, hay que hacer un seguimiento juicioso al Proyecto de Ley 070 de 2015 sobre la modificación del Código de Comercio, que dentro de los potenciales cambios, adiciona como administradores de las empresas a los funcionarios de la Alta Gerencia, dentro de los que se encuentran, el presidente, el gerente, el subgerente, los vicepresidentes, el tesorero y los miembros de comités que tengan tal condición; por otro lado, se pretende aumentar el valor de las sanciones a las personas jurídicas hasta 10.000 SMMLV (diez mil salarios mínimos legales mensuales) es decir $6.894.550.000,00 y generar un régimen sancionatorio para las personas naturales vinculadas a las sociedades con multas de hasta 2.000 SMMLV (dos mil salarios mínimos legales mensuales) es decir $1.378.910.000,00, lo cual debe estar ahora en las prioridades de las agendas de las Juntas Directivas de las compañías.

Son muchos los retos para estos nuevos sujetos obligados durante 2016. Veamos algunos:

Conciencia

Los administradores, representantes legales, miembros de juntas directivas, directivos, oficiales de cumplimiento y en general todos los empleados, deberán tomar conciencia que al implementar el SAGRLAFT, no le están haciendo un favor al gobierno sino que por el contrario se estarán blindando a sí mismos y a sus compañías contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y sus delitos fuente. Así mismo, al implementarlo deben tener la conciencia de haberlo hecho bien y no simplemente por cumplir una norma.

También deben ser conscientes de la responsabilidad penal que como administradores, representantes legales, miembros de juntas directivas, directivos, oficiales de cumplimiento y como empleados tienen en caso de presentarse un caso de lavado de activos o de financiación del terrorismo en sus empresas.

Es importante anotar, como ya se anotó, que en el Congreso de la República está siendo discutido el proyecto de ley No. 070 que modifica la Ley 222 de 1995 y el Código de Comercio de 1971 y redefine quienes se consideran administradores de una sociedad y esto también tendrá un efecto en este tema LA/FT.

En nuestra opinión, los empresarios del sector real tienen una ventaja sobre los empresarios de otros sectores ya obligados, porque al desconocer por completo el tema LA/FT y al estar aprendiendo del tema, no están prejuiciados y no creen tampoco que su sistema de administración de riesgo es perfecto. Por el contrario, saben que deben mejorar sus procesos, sus procedimientos y sus controles para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Conocimiento del cliente (Know your customer – KYC), un salto hacia el conocimiento del vinculado

Conocer verdaderamente al cliente no es simplemente incluir en una carpeta todos los documentos solicitados y proporcionados por el cliente. Conocer al cliente (que es la regla número uno en el mundo en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo) significa la debida diligencia para establecer que ese cliente no es una amenaza o un riesgo para la compañía. Conocer al cliente es tener una entrevista personal con él (en el caso de personas jurídicas es tener una entrevista personal con el representante legal o alguno de sus directivos), es verificar físicamente su domicilio mediante una visita a la empresa, es verificar la información proporcionada en los documentos, es la verificación del cliente, de sus directivos, de sus socios, de sus auditores en las listas restrictivas (no solamente en la lista OFAC o lista Clinton), es conocer el tipo de operaciones que efectúa su cliente, es verificar por medios estadísticos cómo se comporta su cliente en su relación comercial con la compañía, en fin, es verdaderamente “conocer a su cliente” y no simplemente disponer de una carpeta con los documentos entregados por el cliente que nadie revisa o verifica sino que han sido solicitados por la empresa simplemente por cumplir con la norma.

Otro de los problemas que se presenta cuando hablamos de riesgo, es que casi siempre le damos al riesgo una connotación negativa. Sin embargo, existe el riesgo positivo (Sugerimos leer el interesante libro sobre este tema llamado Riesgo Positivo de Adrian Slywotzky) y en nuestra opinión creemos que es ahí donde cometemos el error en el conocimiento del cliente, porque asumimos que conocer al cliente es simplemente una obligación (negativa casi siempre) para que el cliente entregue unos documentos señalados por la norma o por la ley, pero si lo viéramos como un riesgo positivo nos daríamos cuenta que al conocer verdaderamente al cliente y saber sus necesidades le podríamos vender muchos más productos o servicios de nuestra empresa que los que realmente le estamos vendiendo en el momento.

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