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Los complejos pulsos y retos del nuevo gobierno

Por: Guillermo Ruiz Pava, docente investigador CESA.

Normalmente, en las escuelas de negocios prima el análisis económico sobre el político. Basta examinar los currículos de las diferentes carreras de administración de empresas para observar la poca importancia que recibe el análisis del contexto político. La coyuntura política puede llegar a ser igual o hasta más importante en el curso normal de los negocios que la económica. Después de más de dos años (incluyendo el plebiscito) de unas elecciones bastante intensas, y con el gobierno entrante tomando decisiones, es importante realizar un balance de lo que ocurrió y de lo que viene en términos políticos, y qué implicaciones podría tener para el sector empresarial.

Fabio Echeverri a finales de los 80’s afirmó que “la economía va bien, pero el país va mal”. Esto mostraba un aspecto paradójico de Colombia en donde la economía era independiente de los cambios y perturbaciones políticas de la época. Más recientemente, el nuevo ministro de industria y comercio, José Manuel Restrepo, se hacía la misma pregunta en el 2014[1], solo que para aquel entonces advertía el riesgo de una situación en la que “el país va mal, y la economía peor”. Este cambio de perspectivas sugiere que hoy en día el sistema económico es muchísimo más complejo y desarrollado, y la inestabilidad política sí tiene una incidencia directa en la economía.

El gobierno saliente, más allá de las diferencias políticas, logró iniciar un proceso de paz que desarmó al grupo armado más grande y peligroso que tenía el país. Un grupo que tenía la capacidad de coordinar acciones militares a nivel nacional. Hoy en día, gran parte de ese grupo fue desarmado, y las disidencias que persisten tienen unos alcances locales motivadas por el narcotráfico. Este proceso provocó unos cambios políticos que todavía el público en general no alcanza a dimensionar. Estas elecciones tuvieron la mayor participación en porcentaje y en niveles absolutos de la historia del país. Cada vez menos, las tradicionales prácticas clientelistas se vieron superadas en alcance y efectividad por nuevas fuerzas políticas. El plebiscito, y el resultado del ‘no’, provocaron el inicio de un debate público intenso sobre muchos puntos del acuerdo, que continúa, y que puede ser la primera gran experiencia de una democracia deliberativa. Por último, el hecho que la oposición al anterior gobierno haya sido elegida para sucederlo, es una muestra de la rotación sana de poderes que existen en muchas democracias maduras. Todo esto conduce a pensar que el balance es positivo en términos de profundización del régimen democrático del país. Cabe resaltar que un entorno democrático sólido es necesario para que la empresa y los negocios puedan tener éxito.

No obstante, persisten problemas y nuevos riesgos asociados a la coyuntura política actual que el nuevo gobierno deberá enfrentar. Entre ellos, controlar la expansión de los cultivos de uso ilícitos o garantizar el ejercicio político a nivel local (los asesinatos de líderes sociales). Sin embargo, la victoria en votos de segunda vuelta de Duque, oculta la derrota estratégica que obtuvo el nuevo gobierno y que pocos analistas resaltan. La coalición del nuevo gobierno involucra cerca del 80% del Congreso, pero esa proporción no se vio reflejada en la segunda vuelta presidencial (54%). Esa diferencia genera un déficit de representación que el Congreso no puede tramitar.

En términos prácticos, lo que esto significa es que hay intereses que no están representados en el Congreso. Por tanto, la única forma posible en que esos intereses no representados en el Congreso puedan expresarse es la movilización popular.

La votación de Petro no fue despreciable. Si a ello se agraga el voto en blanco, cerca del 46% de los votantes no está de acuerdo con el nuevo gobierno de entrada. Más aún, Petro ganó ampliamente en ciudades estratégicas como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, y Santa Marta, hecho que, aunado con la necesidad de movilización, hacen prever paros o bloqueos similares a los experimentados en Buenaventura el año pasado. Está situación puede afectar fuertemente la economía si el gobierno falla en liderar la construcción de consensos, y ya se observa un riesgo en la falta de liderazgo en el nuevo gobierno. Declaraciones como la del nuevo ministro de defensa Guillermo Botero sobre “regular” la protesta social[2] demuestra que existe conciencia de lo que ocurre, pero también una torpeza y ligereza en tratar estos temas tan delicados. El nuevo gobierno mal haría en dar razones para la movilización.

Igualmente, también debe tener un buen manejo de su capital político si quiere adelantar su agenda. El gobierno entrante tiene un objetivo legítimo y muy claro de lograr cambios al acuerdo como lo prometieron en campaña. Sin embargo, no es clara la forma en que lo piensan hacer o qué tanto de esos cambios está dispuesto a sacrificar para obtener otras cosas. El hecho reciente de la suspensión del proceso de los militares de la ley de procedimiento de la JEP por parte de las nuevas mayorías en el Senado es desconcertante. Esto solo le abre las puertas a la Corte Penal Internacional para intervenir, aunque los militares pueden decidir voluntariamente seguir con su proceso volviendo la modificación inocua.

Bien apuntaba la columnista Maria Isabel Rueda cuando le aconseja al presidente electo que no gaste su capital político en la ley de procedimiento[3]. Igualmente, todavía no es claro cómo se le presentará a la comunidad internacional que el Estado colombiano no va a cumplir sus compromisos, y tampoco cómo reaccionará el Consejo de Seguridad de la ONU ante el incumplimiento del acuerdo. Para empeorar las cosas, el discurso del nuevo gobierno durante la campaña y durante gran parte del gobierno Santos consistió en una narrativa muy dura frente a las FARC. Hoy día, los cambios que supuestamente requiere el acuerdo tendrían que contar con el apoyo de las FARC. Y como las cosas siempre pueden empeorar, el nuevo gobierno debe resolver otros aspectos como la aprobación del presupuesto, la reforma pensional, el plan de desarrollo, la reforma tributaria (que prometieron en campaña para bajar los impuestos a las empresas). Todo esto sin mencionar aspectos importantes como la reforma política, reforma educativa, la reforma a la justicia, la reforma rural integral, el aumento de cultivos ilícitos, entre otras cosas. A diferencia de Santos, era claro para los políticos que su poder de negociación era de 4 a 7 años. Duque tiene 3 años como máximo.

De tal forma que la perspectiva política en el futuro inmediato para el nuevo gobierno es preocupante, aunque es probable un buen comportamiento de la economía bajo ciertas condiciones. ¿El nuevo gobierno podrá lograr un “al país le va bien, y a la economía le va bien”? Si el nuevo gobierno abandona sus pretensiones de modificar el acuerdo seguramente tendrá más espacio político para adelantar las reformas que tanto necesita el sector empresarial, de lo contrario tendremos un gobierno en permanente crisis, inestabilidad institucional y una economía que probablemente se vea afectada por ese “país que va mal”.

[1] https://www.elespectador.com/opinion/la-economia-va-bien-y-el-pais-mal-columna-495603

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/regular-la-protesta-social-la-primera-propuesta-de-quien-sera-ministro-de-defensa-articulo-800876

[3] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/dos-consejos-y-una-napa-maria-isabel-rueda-234832

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