La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero marca un punto de inflexión mayor en la geopolítica hemisférica y global. Más allá del debate jurídico o moral, inevitable pero irrelevante en negocios y política pública, lo clave es que Venezuela entra en una nueva fase de reorganización política y económica. Esto bajo una influencia directa y explícita de Washington. Este cambio alterará equilibrios regionales, redefinirá la competencia con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y abrirá un conjunto concreto de oportunidades para países vecinos, especialmente, Colombia.
Analistas de las principales revistas y think-tanks en relaciones y política internacional coinciden en que la salida de Maduro no equivale a una transición democrática clásica, sino a una reconfiguración estratégica del poder político y económico venezolano. El énfasis de Washington en energía, sanciones y control de activos críticos confirma una lógica de estabilización transaccional, mientras que la reacción diplomática, aunque crítica, de actores como China y algunos países BRICS refleja un reconocimiento pragmático de este rebalanceo de poder en la región. China expresó profunda preocupación por la captura de Nicolás Maduro, pidió su liberación y condenó estos ataques estadounidenses como una violación del derecho internacional.
En el plano global, la operación envía una señal inequívoca: Estados Unidos está dispuesto a utilizar poder duro para asegurar intereses estratégicos clave, en particular seguridad energética y control de activos críticos. Para China y otros países BRICS, Venezuela había sido un caso emblemático de proyección geoeconómica en el hemisferio occidental. Se trataba de financiamiento respaldado en petróleo, acuerdos de infraestructura y una postura de no injerencia. La captura de Maduro rompe ese esquema y obliga a una renegociación forzada del espacio económico y político disponible para actores no occidentales.
Desde una perspectiva jurídica y política, el nuevo escenario sugiere un modelo híbrido, una mezcla de continuidad administrativa interna con fuerte supervisión externa, y decisiones económicas clave alineadas con prioridades estadounidenses. Esto reduce la incertidumbre regulatoria para inversionistas occidentales, acelera el levantamiento selectivo de sanciones y reordena el marco contractual del sector petrolero. En términos prácticos, Venezuela pasaría de ser un riesgo geopolítico a un proyecto de estabilización con cronogramas y objetivos económicos medibles.
Es en este punto donde Colombia aparece como uno de los principales beneficiarios potenciales. La reactivación de la industria petrolera venezolana, centrada en producción, transporte, refinación y seguridad energética, generará una demanda inmediata de bienes y servicios que Colombia estaría en capacidad de proveer con rapidez y mayor competitividad que en el pasado. No se trata solo de hidrocarburos: una economía que, tras años de colapso, necesitará reconstruir cadenas completas de suministro.
Colombia puede posicionarse como proveedor estratégico en al menos cinco frentes: (i) bienes intermedios industriales como plásticos, químicos y repuestos; (ii) servicios petroleros y de ingeniería, incluyendo mantenimiento y logística; (iii) alimentos procesados y bienes de consumo básico para una población urbana en recuperación; (iv) servicios profesionales, financieros y tecnológicos asociados a comercio exterior, cumplimiento y logística; e (v) infraestructura fronteriza y transporte. En el primer trimestre de 2025 las ventas colombianas alcanzaron los USD 342,2 millones, frente a USD 182,5 millones, frente al mismo trimestre de 2024, aumentando un 87,5 %, según Analdex.
Desde el punto de vista comercial, una Venezuela en reactivación bajo liderazgo estadounidense probablemente operaría bajo reglas más predecibles, cercanas a las internacionales, con mecanismos de pago más confiables. Esto reduciría riesgos para exportadores colombianos, facilitaría el uso de instrumentos de trade finance y abriría espacio para esquemas de integración productiva fronteriza que habían sido inviables durante la crisis.
En suma, la captura de Maduro no debería analizarse solo como un evento político excepcional, sino como el inicio de una reconfiguración económica profunda. Para Colombia, el reto no debería ser opinar sobre la legitimidad del hecho, sino prepararse estratégicamente para capitalizar una ventana de oportunidad única: convertirse en socio económico clave de la recuperación venezolana en un entorno geopolítico redefinido por los Estados Unidos.
