Reforma a la salud: expertos alertan sobre inconsistencia en cifras y baja integración

La capacidad fiscal del sistema de salud, frente al persistente dolor de cabeza para garantizarle a toda la población un acceso eficaz al sistema, y la prevención, aspectos que suponen una mayor necesidad en el gasto, hacen parte de las principales preocupaciones en torno al proyecto de Reforma a la Salud, actualmente en trámite en el Senado de la República.

Y es que en la más reciente mesa de expertos celebrada para discutir el tema, llevada a cabo este jueves 7 de marzo en el Instituto de Ciencia Política Colombiano, varias voces coincidieron en que no hay cifras consistente e integradas sobre la operatividad del sistema. Todo indica que, con 20 años de funcionamiento, el Sistema Integrado de Información de la Protección, SISPRO, aún no logra actualizarse debidamente.

En concepto de los expertos, este dolor en el esquema de salud crea no sólo una incertidumbre del impacto fiscal de la reforma, sino también impedimentos para el desarrollo de políticas públicas pertinentes que beneficien a usuarios y -fundamentalmente- a pacientes.

En un sistema que no tiene información amplia y suficiente para la toma de decisiones, llama la atención la propuesta de reforma que sale de la Cámara (de Representantes) con cuatro sistemas de información diferentes y el mismo número de análisis, sin capacidad de integración entre estos, manifestó la profesora investigadora del CESA -y médica- Fabiola Rey Sarmiento.

A ello se agrega el atenuante que, detrás de uno de los componentes más importantes de la salud integral, la prevención, se elevan los costos.

En efecto, pese a su importante papel, trascendió en la discusión, hasta ahora no se conoce evidencia en ninguna parte del mundo de que la prevención vaya a reducir los costos. Ni siquiera en las economías más desarrolladas. Por el contrario, apostar por capacidades preventivas los incrementan, sobre todo por las necesidades frente al impacto que está causando la demografía. De alguna manera, ese “aplazamiento de la mortalidad” requiere mejor y mayores capacidades, equipamiento y tecnologías para atender la salud por mucho más tiempo.

Pero además, según uno de los ponentes, el actual articulado no tiene -en todo caso- más capacidad preventiva que el modelo actual. Y es que introduce unos centros de atención basados en enfoque tradicional de medicina familiar, con equipos móviles que deben gestionar el riesgo en medio de unos factores socioculturales que los hacen inoperables.

En otras palabras, lo que podría estar en juego con la reforma a la salud, si no se ajustan con sensatez sus posibles defectos, es la sostenibilidad del propio sistema. Pero el tiempo en la Comisión Séptima del legislativo apremia y se trata de un voluminoso estatuto de 139 artículos que debe entrar por urgencias y ser intervenido.

Uno de los mayores esguinces de la reforma tiene que ver, expresaron los ponentes, con una ambigüedad en el rol del proceso de atención y claridad en las funciones de varios actores, algunos territoriales, y particularmente los de las entidades privadas de salud, que hoy representan el 90% de los prestadores de este servicio en el sistema.

Finalmente, una de las reflexiones finales es que el texto final de la reforma no puede guardar como esencia un antagonismo entre la salud como un bien y la salud como un derecho. Y es que este último no se puede asegurar sino ser garante de este: la prestación del servicio de calidad como génesis de un bienestar poblacional.

“Tenemos que definir como país cuál es el bien asegurable, en el contexto del aseguramiento, si es que va a mantenerse, y si no, cuál es el elemento de confiabilidad que respalde el hecho de ser garantes del derecho a la salud”, concluyó Fabiola Rey.